El fallecimiento de Rayán, el hijo de Dalila Mimuni, primera víctima mortal de la gripe A en España, pone de nuevo sobre la mesa la asignación de recursos con las que, en ocasiones, trabaja el sistema sanitario español.
Un modelo –dicho sea de paso- muchas veces elogiado y, sin embargo, también escenario de la precariedad laboral ya endémica en este país.
Suplencias de verano, falta de especialización, nula inserción primaria en los puestos de trabajo… El mal presente allí donde se vaya (desde el comercio a las fábricas pasando por los medios de comunicación, auténticos expertos en el trabajo de condiciones paupérrimas) se convierte en un auténtico drama cuando toca elementos tan sensibles como la salud.
Lo que, por poner un ejemplo cercano a mi profesión, en una redacción de un periódico no pasaría de un artículo falsario y, como mucho, una denuncia por parte del agraviado, en un hospital se ha llevado por delante la vida de un bebé prematuro, agudizando el dolor de una familia ya rota y poniendo en cuestión la valía profesional de todo un departamento de enfermería.
Los errores existen. Sin embargo, ¿quién es el último responsable de esta gravísima negligencia tan irreversible como dramática? ¿La enfermera que equivocó la vía de alimentación del pequeño, la supervisora de ésta o la dirección del Gregorio Marañón de Madrid?
A falta de una investigación pormenorizada de los hechos, esta equivocación inexcusable debería llevar a la reflexión no sólo de los agentes sanitarios, sino de todos aquellos que creen que, con un título bajo el brazo, cualquiera es capaz de ayer a hoy de ejercer cualquier puesto de trabajo sin supervisión ni proceso de adaptación previo. Sea donde sea.
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